“La problemática es el monopolio económico. Los grandes trust y familias políticas que manejan el país tienen los ojos puestos sobre estos baldíos de la nación que están en Ley segunda.”
“Hay grandes deforestadores, grandes depredadores ambientales, que se han venido desde el interior del país y que han comprado en la selva y han formado sus grandes extensiones de fincas.”
“Ese es un problema que tenemos aquí en el Guaviare, a los campesinos nos dicen que somos los deforestadores. Al contrario, el que tiene plata es el que deforesta porque nosotros no somos capaces de tumbar 100 hectáreas para pasto.”
Durante años, quizás décadas, la retórica de los gobiernos colombianos se había enfocado en culpar al narcotráfico de la deforestación. Para presidentes, ministros de Defensa y altos mandos militares, el aumento desbordado de pérdida de bosque se debía al aumento de los cultivos de coca.
Este discurso tiene consecuencias a la hora de enfrentar la lucha contra la deforestación ya que, al concentrarse en uno de sus eslabones, se creaba la idea de que con el fin del narcotráfico también finalizaba la deforestación y se dejaban por fuera procesos más complejos, como el acaparamiento de tierras, que involucra a actores ilegales y legales (empresas, terratenientes, políticos, funcionarios...).
Por otra parte, también se piensa que la deforestación tiene como fin último talar árboles sin preguntarse qué sucede con la tierra deforestada. Y allí radica la piedra angular del asunto. Por supuesto que se puede deforestar para vender madera ilegal o para sembrar cultivos de hoja de coca, pero en últimas, la tala y quema de centenares de hectáreas de bosque en la Amazonia se hace para apropiarse ilegalmente de baldíos de la nación y ponerlos a circular en el mercado de tierras.
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), explica que, por fortuna, en los últimos años esta retórica ha comenzado a cambiar gracias a las investigaciones que señalan al acaparamiento ilegal de tierras como el principal motor de la deforestación. “Es tan fuerte la evidencia -dice Botero- que el mismo Ideam, ubica la apropiación de baldíos como el factor más importante de la pérdida de bosque en la Amazonía”.
La sombrilla de la apropiación
Se podría decir que la apropiación ilegal de tierras baldías es una sombrilla que cobija los demás motores de deforestación. Se quema y tala bosque para abrir vías, sembrar pastos, introducir ganadería extensiva o cultivos ilícitos, crear grandes haciendas... En últimas, se quema y tala para privatizar los baldíos y ampliar la frontera agrícola.
Debido a que hasta ahora comienzan a conocerse sus verdaderas dimensiones y a que solo hasta el año pasado fue tipificado como delito, todavía no existe una radiografía que explique la apropiación de baldíos a profundidad. Es difícil saber quién la financia, cómo opera, cuáles son los lazos con la institucionalidad del orden nacional. Sin embargo, la apropiación ilegal y el acaparamiento de tierras en la Amazonía funciona de manera similar a como ha ocurrido en otros lugares del país. En el caso de esta región, se sabe que la apropiación de baldíos es la principal causa del aumento de la deforestación.
Este fenómeno, que en los años posteriores a la firma del acuerdo de paz con las Farc se ha incrementado, amenaza con acabar el piedemonte amazónico y expandirse por el resto de la Amazonía colombiana. En la mira de los acaparadores se encuentran las zonas de reserva forestal, los parques naturales y los resguardos indígenas, que desde 2018 han registrado un aumento en la deforestación.
Entre abril de 2021 y marzo de 2022 en el arco amazónico se perdieron 113.572 hectáreas de bosque ¡Casi cuatro veces el casco urbano de Bogotá! De estas, el 39 por ciento pertenece a zonas de reserva forestal (Ley 2 de 1959) y 14 por ciento a parques naturales, según datos de la FCDS. El parque nacional Tinigua y el resguardo indígena Llanos de Yarí-Yaguará II son los más afectados.
La apropiación ilegal y acaparamiento de tierras se nutre de la crisis social causada por el desplazamiento forzado de miles de familias hacia el arco amazónico y la falta de una política que resuelva los históricos problemas agrarios del país.
Foto: Santiago Ramírez.
La principal mano de obra utilizada para talar árboles y quemar centenares de hectáreas son campesinos, colonos e indígenas empobrecidos que buscan mejorar sus condiciones de vida.
Foto: Santiago Ramírez.
Además de las zonas de reserva natural, los parques naturales y resguardos indígenas son los territorios más afectados por la apropiación ilegal.
Foto: Santiago Ramírez.
La apropiación comienza con el incendio de las hectáreas de bosque. Por lo general esto sucede en los meses de temporada seca, entre diciembre y marzo. En el periodo que va de abril de 2021 a marzo de 2022, se registraron 16.675 incendios. Los sitios más afectados fueron las sabanas del Yarí, los parques naturales de Chiribiquete y Tinigua.
Foto: Nicolás Acevedo Ortíz.
Los lotes abiertos se realizan en lugares con algún tipo de acceso, ya sea fluvial o por medio de una carretera. La razón: se necesita que por esas vías entren ganado, semillas y demás insumos para poner a producir la tierra.
Foto: Nicolás Acevedo Ortíz.
Como si fueran fichas de dominó cayendo, a un lote deforestado le sigue otro y otro.
Foto: Nicolás Acevedo Ortíz.
Después de la deforestación comienza la praderización, es decir, siembra de pastos para ganadería extensiva. También se impulsan los cultivos agroindustriales como la palma.
Foto: Nicolás Acevedo Ortíz.
Con el tiempo, las pequeñas o medianas extensiones deforestadas son compradas por terratenientes o inversores extranjeros, según lo comentaron varios habitantes de Guaviare y Caquetá.
Foto: Daniel Ramírez.
Los principales damnificados del acaparamiento y apropiación ilegal de tierras son las culturas indígenas que ven reducidos sus territorios y la llegada de foráneos extraños a sus costumbres.
Foto: Santiago Ramírez.
La apropiación de tierras en resguardos indígenas afecta la vida comunal de sus miembros, en el mediano y corto plazo causa el desplazamiento forzado de miles de ellos.
Foto: Santiago Ramírez.
Sabanas de La Fuga. San José Del Guaviare, Guaviare.
La apropiación ilegal de tierras en la Amazonía aumentó luego del acuerdo de paz con las Farc porque su salida de estos territorios y la ausencia del Estado creó la oportunidad para que grupos ilegales e inversionistas se hicieran a tierras sin ninguna restricción.
Con la deforestación viene la especulación económica de las tierras. Habitantes de Caquetá y Guaviare reportan que, en algunas veredas, el precio de los lotes ha aumentado más de un 200 por ciento.
La apropiación: enemigo de parques naturales y resguardos indígenas
Aunque la indiscriminada tala de árboles y quema de centenares de hectáreas de bosque está relacionada con los cultivos ilícitos, los recientes estudios e investigaciones periodísticas revelan que están acabando la Amazonía para apropiar su tierra y expandir la frontera agrícola.
El acaparamiento sucede principalmente en tierras de reserva forestal (Ley 2da de 1959), en donde ocurrió el 39 por ciento de la deforestación en el arco amazónico entre abril de 2018 y marzo de 2022. En totol se perdieron 43.904 hectáreas de bosque. Pero la deforestación también está afectando a los parques nacionales y resguardos indígenas, lugares con una invaluable riqueza ambiental y cultural en donde viven grupos ancestrales indígenas.
Deforestación acumulada en parques naturales y resguardos indígenas 2010 - marzo 2022
2010 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021
Sep. 2021 - Mar. 2022
Parques Nacionales Naturales
Cordillera de los Picachos
Se extiende por parte de los municipios de La Uribe (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá). Allí se da la transición del ecosistema andino al amazónico, uno de los pocos que existe en el país. Hasta 2020 la deforestación casi no existía, pero a partir de 2021 se han detectado los primeros lotes abiertos que suman 286 hectáreas.
Tinigua
Ubicado entre La Uribe y La Macarena, es el parque más afectado por la deforestación. Allí se detectó el segundo lote abierto más grande de la región amazónica hecho entre abril de 2021 y marzo de 2022, su extensión es de 352 hectáreas. Entre abril de 2018 y marzo de 2022, la pérdida de bosque acumulada superó las 25.000 hectáreas.
Sierra de la Macarena
Entre abril de 2021 y marzo de 2022 se deforestaron 4.062 hectáreas y en los últimos cuatro años se han perdido más de 12.000 hectáreas de bosque. La deforestación impulsa la denominada ‘Trocha ganadera’ que comunica los cascos urbanos de La Macarena y Vistahermosa.
Serranía de Chiribiquete
A este parque la deforestación lo está rodeando. Entre abril de 2021 y marzo de 2022, se detectaron 1.626 lotes abiertos de deforestación que sumaron más de 17.000 hectáreas.
La Paya
En este parque natural, ubicado en Putumayo, comienzan a verse evidencias de deforestación asociadas con la expansión de cultivos de coca. Entre abril de 2021 y marzo de 2022 se deforestaron 236 hectáreas.
Resguardos Indígenas
Resguardo Llanos del Yarí-Yaguará II
En el arco amazónico hay 55 resguardos indígenas y en sus territorios se deforestaron 9.120 hectáreas, entre abril de 2021 y marzo de 2022. El más afectado es el de Llanos del Yarí-Yaguará II, que concentró el 60 por ciento de esa cifra. En este periodo la deforestación se triplicó al pasar de cerca de 1.900 ha entre abril de 2018 y marzo de 2019 a más de 5.500 hectáreas.
Resguardo Nukak Makú
Este territorio ha perdido cerca de 1.800 hectáreas de bosque, el 20 por ciento del área deforestada en los resguardos del arco amazónico. En los cuatro últimos años la deforestación acumulada llegó a 8.391 hectáreas.
Incendio en Calamar, Guaviare.
Parte de los dineros producto de economías ilegales como la coca y la extracción de oro en los ríos del Amazonas, terminan financiando la apropiación ilegal de tierras. Estas también son compradas por acaparadores.
En buena parte de los casos, a los lotes que fueron deforestados para sembrar coca luego se les siembran pastos y entran al mercado ilegal de tierras.
La apropiación ilegal de tierras es un delito reciente en el país, lo creó la Ley 2111 de 2021. De 5 a 12 años de prisión es el castigo para todo aquel que usurpe, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la nación.
El juego de la apropiación
El acaparamiento de tierras ha sido una constante en el país, también una de las causas de la violencia. Sin embargo, hasta ahora se comienza a entender la profunda relación que hay entre este fenómeno y la deforestación.
Acaparadores / Apropiadores
Son personas, grupos, familias o clanes que se agrupan para comenzar el proceso de apropiación. Unos hacen parte de las élites políticas y económicas regionales y otros son inversionistas de otras regiones del país o extranjeros. Entre ambos pueden establecerse alianzas. Los apropiadores son los que proveen el capital para la deforestación de grandes extensiones de tierra en la Amazonía.
Campesinos
Ficha fundamental de la apropiación. Debido a la pobreza y a la falta de oportunidades de la población de la Amazonía colombiana, los acaparadores les pagan a ellos para que deforesten.
Colonos
Expulsados de otros lugares del país, a diario llegan a la Amazonía decenas de colonos en busca de tierras y oportunidades económicas. Los acaparadores aprovechan este drama social para promover oleadas de colonización o para brindarles los medios a los colonizadores espontáneos para que invadan tierras baldías.
Indígenas
Son los perdedores de este juego, ya que las tierras de sus resguardos son el objetivo de los apropiadores. Por ejemplo, según la FCDS, la deforestación en el resguardo Llanos de Yarí-Yaguará II, casi se duplicó al pasar de cerca de 2.800 hectáreas, entre abril de 2020 y marzo de 2021, a más de 5.500 entre abril de 2021 y marzo de 2022.
Funcionarios locales y nacionales
La corrupción juega un importante papel. Funcionarios pertenecientes a las instituciones que manejan los temas de tierra del orden regional y nacional son los encargados de facilitar la apropiación. Por un lado, ellos evitan que las investigaciones en contra de los acaparadores lleguen a feliz término, por otro lado, colaboran en las reclamaciones para legalizar las tierras ilegalmente adquiridas.
Legisladores y hacedores de política pública
Si bien no se puede decir que estos actores sean aliados de los acaparadores o que sean corruptos, muchas de las acciones realizadas por ellos en el Congreso o entidades agrarias del orden nacional terminan o buscan beneficiarlos. Por ejemplo, en varias ocasiones se han presentado en el Congreso proyectos de ley para eliminar la prohibición de que una sola persona pueda comprar varias unidades agrícolas familiares.
Objetivo del juego de la apropiación
Apropiarse de grandes cantidades de tierras en zonas de reserva forestal (Ley 2 de 1959), parques naturales y resguardos indígenas. Al final se puede considerar al acaparador un ganador si logra que esas ocupaciones ilegales se vuelvan legales. Otro logro del juego es que los acaparadores valoricen sus tierras.
1er. paso
Con el fin de invadirlos, los acaparadores identifican los territorios baldíos o con algún tipo de protección del Estado. Cuentan con la ayuda de funcionarios que les informan dónde el Estado va a hacer una inversión que puede valorizar la tierra.
2do. paso
Los acaparadores pagan a campesinos lugareños para que, con motosierra en mano, corten los árboles grandes y luego hagan quemas. También promueven oleadas migratorias de colonos para hacer ese trabajo.
Según sus testimonios, los habitantes de Caquetá y Guaviare han visto camiones con 200 o más motosierras que distribuyen entre los que contratan. El jornal puede estar entre 100.000 y 200.000 pesos.
3er. paso
Comienza el proceso de potrerización. Los terrenos deforestados se adecuan para pastos y para otros cultivos. Por lo general se les permite a colonos y campesinos vivir y tomar posesión de estas tierras para que realicen actividades agrícolas y ganaderas.
4to. paso
Las tierras entran en un mercado ilegal. Los campesinos o colonos venden (real o ficticiamente) a los acaparadores a precios muy bajos sus terrenos. En la mayoría de los casos, estas transacciones no cuentan con un sustento legal.
Aquí entran a jugar los funcionarios regionales, quienes se encargan de darles legalidad a todas estas transacciones comerciales. La especulación con tierras aumenta su costo de manera exponencial. También los acaparadores expropian a la fuerza a campesinos y colonos que llegaron por su propia cuenta.
5to. paso
Con la colaboración de funcionarios nacionales se trata de demostrar que esas tierras tienen una tradición de largos años de explotación económica y que por lo tanto deben sustraerse de las áreas protegidas por la ley. En esta etapa, funcionarios evitan que las autoridades detengan estos procesos de acaparamiento.
El Retorno, Guaviare.
De las tierras deforestadas y apropiadas ilegalmente, una buena cantidad se destina a la ganadería y cultivos agroindustriales. Debido a la naturaleza del negocio, los acaparadores necesitan acumular más y más tierras. Se forman así grandes haciendas o extensiones de cultivos. En esta etapa, las acciones se dirigen a legalizar la apropiación o a mantener un limbo jurídico hasta que con el tiempo se puedan titular. Entre tanto, las tierras comienzan a producir o pasan de mano en mano dentro del mercado.